La auditora de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Francisca Javier Santos, declaró que seis empresas que no fueron localizadas al momento de la auditoría recibieron el 50 por ciento de los pagos irregulares del caso Coral y Coral 5G, por más de 300 millones de pesos.
Durante el conocimiento del juicio de fondo en contra de los involucrados, Javier Santos siguió revelando supuestas irregularidades halladas en la nómina y el departamento de Compras del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), señalando que se hizo pago a proveedores que no cumplían con su servicio y que no fueron localizados al momento de realizar la auditoría.
La perito, primera testigo aportada en la acusación, detalló que se hicieron pagos millonarios a un personal; pero que estos no realizaban ninguna labor en la entidad y que de dicho pago tenían que devolver parte del dinero a otras personas, que no mencionó.
La testigo de la acusación del ministerio público dijo que en el Servicio de Inteligencia se hicieron pagos por 89 millones de pesos, sin constar con soporte alguno.
Las “irregularidades” señaladas por la funcionaria de la Cámara de Cuentas giraban también en torno a la compra de raciones alimenticias sin soporte de los pagos, adquisición de bienes y servicios sin ningún soporte, así como combustible y lubricantes. Tras pregunta de uno de los abogados que representan al Estado dominicano, respondió que los pagos eran realizados por el director financiero y la Unidad de Auditoría Interna.
Conforme con el órgano acusador, el entramado societario tenía como principal cerebro financiero y administrador de las propiedades al coronel de la Policía Nacional, Rafael Núñez de Aza, quien fungía como gerente financiero y administrador de las propiedades al coronel de la Policía Nacional, Rafael Núñez de Aza, quien fungía como gerente financiero a la vez en el Cestur y el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y posteriormente en el Conani, durante los últimos 4 meses del gobierno de Danilo Medina (2016-2020).
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) establece que «apartándose de sus responsabilidades», miembros del Cestur se dedicaron a sustraer di¬nero a través de un sinnúmero de maniobras frau¬dulentas detalladas en la acusación en contra de los involucrados en el caso Coral y Coral 5G.
De acuerdo a la acusación, el entramado movió al menos 4,500 millones de pesos en propiedades y productos financieros.
Los fondos eran sustraídos del dinero dedicado a inteligencia, raciones alimenticias, combus¬tibles y nóminas, además de que la estructura criminal tomó fondos del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
