El gobierno de Nicaragua obligará a las iglesias y entidades religiosas a pagar el impuesto a la renta y ordenó el cierre de 151 oenegés, en un endurecimiento del control sobre esas organizaciones sin precedentes desde las protestas de 2018.
Una resolución firmada por el presidente Daniel Ortega, publicada en el diario oficial La Gaceta, derogó el punto de la “Ley de Concertación Tributaria” donde se eximía de esa obligación a las iglesias, denominaciones, confesiones y fundaciones religiosas.
El gobierno también canceló la inscripción de 151 ONG, tres días después del cierre de 1.500 organizaciones no gubernamentales, la mayoría religiosas, en lo que la oposición en el exilio calificó de una arremetida contra la sociedad civil.
Entre las asociaciones clausuradas este jueves están las cámaras de comercio de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Alemania, Francia, Italia, España, México, Ecuador, Costa Rica y Panamá.
Este cierre masivo eleva a más de 5.300 las organizaciones anuladas por el gobierno desde las protestas en su contra de 2018, que según Ortega y su esposa Rosario Murillo fueron apoyadas por las ONG y la Iglesia católica, decenas de cuyos clérigos estuvieron presos y fueron expulsados la Vaticano y a Estados Unidos.
Como preludio, Nicaragua puso en vigor el pasado viernes una polémica normativa que obliga a las oenegés a trabajar únicamente en “alianzas de asociación” con entidades estatales.
Un día antes Venezuela, estrecho aliado del gobierno de Ortega, aprobó una ley sobre oenegés que, según activistas de derechos humanos, “profundizará la persecución” de críticos del presidente Nicolás Maduro en medio de denuncias de fraude en su reelección.
“Ahogar a la Iglesia”
Con las reformas a la ley de “Control de Organismos Sin Fines de Lucro” y bajo la de “Regulación de Agentes Extranjeros”, fueron incluidos los cambios fiscales y ahora las iglesias deberán pagar impuestos de hasta el 30% de sus ingresos anuales, dependiendo del monto reportado.
La experta en temas de la Iglesia, Martha Patricia Molina, exiliada en Estados Unidos, aseguró en la red social X que el gobierno busca “ahogar financieramente a la Iglesia”.
José María Tojeira, portavoz de los jesuitas -cuya universidad fue confiscada en Nicaragua-, dijo a la AFP en El Salvador que “hay un intento por destruir toda posibilidad de religión y de Iglesia, y crear un pensamiento único dependiente del poder de la familia Ortega-Murillo”.
El portavoz del Colectivo Nicaragua Nunca Más, Salvador Marenco, dijo a la AFP que el gobierno busca “castigar” al Iglesia porque no ha callado sus “crímenes de lesa humanidad”. “Están quitando un último rayo de esperanza dentro de Nicaragua”, agregó.
“Erradicar espacio cívico”
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que la clausura de oenegés evidencia “el cierre deliberado del espacio cívico y democrático” y busca limitar “severamente” la participación de la sociedad civil en la vida política, social, cultural y religiosa del país.
Para la ONU la situación es “profundamente alarmante”.
“Marca un nuevo y oscuro capítulo en la represión sistemática que ha caracterizado al régimen de Daniel Ortega”, afirmó en X el excandidato presidencial nicaragüense Félix Maradiaga, en el exilio en Estados Unidos.
El jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, condenó el “injusto” cierre de ONG y “el violento acoso, detención y represión de miembros de órdenes religiosas y comunidades de fe en Nicaragua”.
Estados Unidos y la Unión Europea mantienen sanciones contra el círculo más cercano a Ortega, a cuyo gobierno acusan de graves violaciones a derechos humanos actualmente y durante las protestas de 2018, que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según informes de la ONU.
Ortega, exguerrillero de 78 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 y está en el poder desde 2007, sostiene que las protestas fueron un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
