A los funcionarios y legisladores que no han podido entregar sus declaración jurada de bienes parece que se les ha complicado el proceso, a unos porque ahora se les está exigiendo documentaciones que consideran privadas, y entienden que la Cámara de Cuentas no debería hacer esas solicitudes, y otros porque quizá, en 30 días, no han podido contabilizar los bienes que poseen, o no le han dado importancia porque al final nada pasa.
Siendo esto una obligación contenida en la Ley 311-14, ni funcionarios designados ni electos deberían hacer caso omiso, porque eso se presta a cualquier interpretación en su contra.
No contribuyan con el fortalecimiento de la percepción y la mala imagen que tienen los políticos ante el resto de la población.
Ustedes deberían predicar con el ejemplo y cumplir sin contratiempo cada una de sus obligaciones.
Empleados en pánico
La propuesta del Gobierno de eliminar algunas instituciones está generando intranquilidad entre empleados públicos que temen quedar sin empleo, sobre todo, los que tienen muchos años como servidores.
