Por: Periodista Luis García
En esta etapa de la vida, una de las labores a la que dedico esporádicamente tiempo es a la docencia, en el nivel de maestría, en las áreas de Ciencias Políticas y el Derecho Electoral, actividad que disfruto al máximo, siguiendo el existencialismo de Albert Camus, Simone de Beauvoir y Jean Paul Sartre.
Justo la semana pasada durante el abordaje en clase de los principios que rigen la administración pública, esbocé el criterio de que, a mi juicio, el poder político ha usado al Ministerio Público en la lucha anticorrupción, consciente o no, éste último.
Uno de los alumnos, por cierto, fiscal, no me dejó siquiera terminar la idea para lanzar un grito: “Eso es capcioso”. Era hora de cierre de la jornada docente y, por tanto, el tema quedó similar a uno de los diálogos inconclusos de Platón.
Otra de mis convicciones en ese sentido radica en que la mayoría de los jueces involucrados se ha apartado de la legalidad por temor, mandando a la cárcel a imputados que pudieron llevar sus respectivos procesos en libertad. Creo, además, que las cabezas del Ministerio Público son moralmente incuestionables.
La manipulación ha sido históricamente un arma predilecta en el ejercicio del poder político, razón por la que no hay que rasgarse las vestiduras, ni vestirse de cilicio, ni arrodillarse en penitencia ante el Muro de las Lamentaciones por esa cuestión.
A propósito, recibí una gentil llamada telefónica de la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, para darme contestación a una serie de interrogantes que formulé en el artículo publicado el lunes en esta palestra intitulado: “Respuestas interrogantes ante lucha anticorrupción”.
Las preguntas que plasmé eran las siguientes: ¿La lucha contra la corrupción se trata de una farsa gubernamental con el propósito de aplastar políticamente a la oposición? En caso de que fuera así, ¿se ha prestado el Ministerio Público de Miriam Germán Brito, de Yeni Berenice Reynoso y de Wilson Camacho para una tratativa de esa naturaleza? ¿También determinados jueces habrían colaborado con el lawfare o judicialización de la política? ¿Cómo explicar éticamente la impunidad con gente que se ha declarado culpable de crímenes y delitos? ¿Hay autoridades gubernamentales comprometidas?
La conversación con la magistrada Reynoso estuvo revestida de formalidad, al punto que quedé autorizado a utilizar el contenido con criterio periodístico, en el caso de que lo considerara pertinente. Sin embargo, me quedo con una de las motivaciones para la llamada; se trata de la opinión que, me dijo tener, de que todo funcionario público está moralmente comprometido con la transparencia y en dar respuestas a la sociedad en todos aquellos casos en los que la información afecte el interés nacional.
Esa se la compré a Yeni Berenice, porque muchos funcionarios no comprenden que la designación constituye un privilegio que recibe el beneficiario para servir a la población.
La moral cuenta, y mucho. El sociólogo alemán Max Webber plantea que existen dos tipos de ética: la de la responsabilidad y la de convicción. En la primera, los individuos tratan de no transgredirla, por temor a las sanciones, y en la segunda, la gente de bien, sencillamente se cuida, a sabiendas de lo que está mal no debe practicarse.
En el mundo conocido han existido siempre normas de comportamiento que rigen cualquier acción que conlleve un impacto en la vida de los demás.
El escritor y filósofo español Fernando Savater dijo que “después de tantos años estudiando la ética, he llegado a la conclusión que ella se resume en tres virtudes: coraje para vivir; generosidad para convivir; y prudencia para sobrevivir”.
