El presidente Joe Biden visitará el jueves la frontera entre Estados Unidos y México para reunirse con la patrulla fronteriza y las autoridades locales, anunció este lunes la Casa Blanca, en plena oposición de buena parte de los republicanos a un proyecto de ley migratorio.
Desde que el demócrata llegó a la Casa Blanca en enero de 2021, un número récord de migrantes y solicitantes de asilo han cruzado la frontera. Esta afluencia masiva se ha convertido en un lastre político en la campaña de reelección de Biden para las presidenciales de noviembre.
Su probable rival, Donald Trump, también ha centrado su campaña en la inmigración ilegal, agitando el miedo al migrante con una retórica a menudo violenta.
Biden “hablará de la urgente necesidad de aprobar el acuerdo bipartidista del Senado sobre seguridad fronteriza” y reiterará sus llamamientos “a los congresistas republicanos para que paren los juegos políticos y aporten la financiación necesaria” para proteger la frontera, afirmó este lunes un funcionario de la Casa Blanca.
Trump también visitará la frontera en Texas el jueves, según medios de comunicación estadounidenses.
Los republicanos culpan a las políticas de Biden de favorecer el derecho de asilo para los migrantes, muchos de ellos latinoamericanos.
La Casa Blanca acusa por su parte al partido de Trump de sabotear un intento bipartidista de encontrar una solución.
El último proyecto de ley, que se ha estancado en el Senado después de que los republicanos en la Cámara de Representantes amenazaran con echarlo abajo, es “el conjunto de reformas más duras y justas para garantizar la seguridad de la frontera en décadas”, afirmó el funcionario de la Casa Blanca.
El proyecto de ley establece una “Autoridad de Emergencia Fronteriza”, que permite al presidente y al secretario de Seguridad Nacional prohibir temporalmente que las personas soliciten asilo, con excepciones limitadas, cuando la frontera con México esté colapsada.
El texto también endurece el estándar de las llamadas entrevistas de miedo creíble, en las que se evalúa si existe una posibilidad de que la persona sea perseguida o torturada si regresa a su país.
Además teóricamente reduce el proceso de solicitud de los 5 a 7 años actuales a seis meses.
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