El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, afirmó este jueves que concluye su etapa al frente del Poder Judicial tras siete años de gestión, durante los cuales destacó avances en la reducción de la mora judicial, la digitalización de los servicios y la transparencia institucional.
Molina se refirió a su salida durante las palabras de cierre de la XXXIX Juramentación de Abogadas y Abogados, celebrada en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, en honor al jurista Juan Manuel Pellerano Gómez.
“Mi paso por la justicia culmina aquí. Seguiré trabajando y sirviendo a mi país, desde las responsabilidades que me corresponda asumir, siempre con la visión de contribuir a una sociedad más justa y próspera”, expresó.
Al presentar un balance de su gestión, indicó que la Suprema Corte resolvió más de 63,000 recursos de casación y redujo el tiempo promedio de tramitación de dos años a 27 días. También señaló que, al cierre de 2025, el 87 % de los tribunales del país se encontraba al día.
En materia de digitalización, destacó la incorporación del expediente electrónico, las audiencias virtuales y la firma digital mediante la plataforma Justicia.gob.do. Asimismo, mencionó los avances del Registro Inmobiliario y los programas de formación continua dirigidos a los jueces.
Según Molina, el tiempo de respuesta en el Registro Inmobiliario pasó de 25 a 11 días, pese al aumento de la demanda. También resaltó la incorporación de herramientas de consulta y alertas registrales para facilitar los servicios y fortalecer la protección de los derechos de propiedad.
El magistrado mencionó, además, la apertura de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este y la habilitación de seis nuevos centros de entrevista forense. También destacó la coordinación entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensa Pública para atender dificultades del sistema penal.
En cuanto a la capacitación de los jueces, indicó que desde 2024 el 99 % participa en procesos de actualización profesional en sus departamentos. Añadió que, entre 2019 y 2026, la República Dominicana avanzó 20 posiciones en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project.
Molina sostuvo que la transformación institucional debe continuar y citó la agenda Justicia del Futuro, proyectada hacia 2034, junto con los planes del Registro Inmobiliario y de la Escuela Nacional de la Judicatura.
