En rueda de prensa, pequeños y medianos productores avícolas, responsabilizan al gobierno a través del Ministerio de Agricultura y la Dirección General de Aduanas de no controlar el pollo congelado que entra por los puertos y se almacena discrecionalmente en hubs y centros logísticos y que se vende en el mercado local.
En rueda de prensa celebrada hoy a las 10:00 de la mañana en Licey al Medio (en APPROAMOLI), se responsabilizó al Gobierno, al Ministerio de Agricultura y a la Dirección General de Aduanas, de la fuerte crisis que atraviesan los productores por las importaciones masivas de pollos.
Denunciaron que el pollo congelado que se coloca en Aduanas bajo el régimen de tránsito en hubs y centros logísticos, y que luego se vende en el mercado local, compite de manera desleal con la producción nacional sin que las autoridades expliquen cuánto entra, con qué permisos y en qué condiciones.
Los números que las autoridades no pueden ignorar:
Las siguientes cifras muestran que las importaciones de carne de pollo subieron 105% entre 2021 y 2025, mientras la producción nacional creció 52.6% en ese período y apenas 1.7% en el último año:
- Importaciones: pollo entero enero-septiembre 2025 Vs. enero-septiembre 2026, una variación de 245.8%.
- Producción nacional: subió de 21.7 mm 2025 a 23.4 mm en el 2026.
- Oferta local: la ADA reportó 23 millones de pollos al mes a septiembre de 2026, y el informe de septiembre del CONAPROPE proyecta 23,244,639 pollos para noviembre.
Con una producción nacional actual que cubre más del 92% de la demanda del mercado y con capacidad instalada de exportar pollos y material genético avícola a países de la región. “¿Hay alguna razón que no sea la de arruinar a los pequeños y medianos productores de pollo?” Preguntan a las autoridades, al calificar la situación como una evidente falta de planificación.
Una ley que abre la puerta sin cerrar los controles
Explicaron que la Ley 30-24 de Centros Logísticos permite almacenar mercancía extranjera por un período de 12 meses, con una prórroga especial de hasta 6 meses, sin pagar derechos e impuestos mientras no se acoja a un régimen aduanero (artículos 36, 40 y 41). Señalan que, para los productos que requieren cuidado especial por la salud de personas o animales, la ley exige instalaciones adecuadas y permisos de los organismos correspondientes (artículo 37, párrafo III), por lo que piden investigar si esos controles se cumplen en la entrada de esta carne al país.
Advirtieron que, mientras tanto, el pollo congelado puede esperar en Aduanas sin pagar tributos y salir al mercado cuando conviene al importador, en competencia directa y desleal con un pollo nacional que cumple todas las cargas sanitarias y fiscales.
En ese sentido, solicitaron respuestas claras: cuántos pollos congelados entran al país a través de los puertos y los que permanecen en los centros logísticos amenazando nuestra producción local, cuántos entran al mercado nacional cada mes y con qué permisos sanitarios, y de qué origen.
Las faltas de las autoridades
A continuación, se enumeran las fallas que le atribuyen a las autoridades:
- Dirección General de Aduanas: debe compartirnos las informaciones de aviso de llegada del pollo congelado que ingresa a los puertos, hubs y centros logísticos, ya que para su ingreso no se requiere permisología oficial para su almacenamiento estratégico.
- Ministerio de Agricultura: permite importaciones de pollos pese a que la producción nacional cubre el 100% de la demanda (incluyendo el sector turístico y lo que se comercializa en los mercados binacionales con Haití).
- Compras públicas: agrupaciones agropecuarias han denunciado desde 2025 que algunos programas sociales del Gobierno siguen comprando pollo importado, a pesar de Resoluciones que exigen priorizar la producción avícola nacional.
- Diálogo: desde 2024 las autoridades de Agricultura no atienden a los pequeños y medianos productores avícolas.
- Previsión sanitaria: ayer (21 de octubre) Agricultura de México y China suspendieron la compra a Brasil de pollos y material genético por un brote de Newcastle; estamos avisando que las importaciones de pollos congelados, se debe prohibir inmediatamente, ya que expone al país a riesgos sanitarios que el Gobierno no debe ignorar.
Quiénes pagan las consecuencias
Mientras las autoridades no actúan, los pequeños y medianos productores de pollos son los que absorben las pérdidas económicas, en un momento en que los costos se incrementan de manera desproporcionada. La ADA advirtió en septiembre que el maíz, la harina de soya importados y el flete encarecerán la producción, y lamentan que el pollo importado, almacenado sin tributos, llegue a competir con nuestro pollo local en desventaja y de manera desleal.
Detallaron que hoy 22 de octubre la libra de pollo vivo (sobrepeso) se paga en la puerta de la granja de los pequeños y medianos productores entre RD$30 y RD$31, mientras producirla cuesta entre RD$41 y RD$42. Esto significa que cada libra vendida deja una pérdida entre RD$12 al productor, superando los RD$60 por unidad de pollo, ya que los mismos están en peso promedio sobre las 6 libras.
Denunciaron además que el desplome abrupto del precio de la libra en granja no llega a beneficiar a las familias dominicanas: el consumidor sigue pagando entre RD$80 y RD$100 por libra en los establecimientos comerciales, mesas de picadores y colmados. Los pequeños y medianos productores vendemos a los compradores los pollos en pie en la puerta de la granja, por lo que pidieron a las instituciones correspondientes examinar cuanto antes la cadena de comercialización para lograr el aumento del poder adquisitivo en la población, no solo cuando haya sobreoferta, sino de manera constante.
Alrededor de 1.2 millones de aves permanecen en las granjas después de cumplir su edad de salida al mercado, con sobrepeso y sin poder venderse, lo que agrava las pérdidas de cada día.
Reconocieron el respaldo del Banco Agrícola, pero advirtieron que, con estas pérdidas, a muchos productores se les hace cada vez más difícil cumplir con el pago de sus préstamos.
Planificación y pignoración para todos
Recuerdan que el sector privado asumió el compromiso de garantizar una producción superior y de manera constante a los 23 millones de pollos mensuales, un volumen que se coordinó con las autoridades para evitar excedentes como los que hoy se acumulan en las granjas provocados por las importaciones sin planificación de pollos congelados.
Reclamaron que el programa de pignoración de pollo beneficie a los pequeños y medianos productores. Precisaron que las grandes empresas cuentan con la infraestructura para participar directamente en ese mecanismo, mientras las granjas pequeñas quedan fuera, por lo que proponen que las empresas beneficiarias se comprometan a comprar pollo vivo a los productores de las diferentes asociaciones, así como los independientes a precios que les permitan sostenerse (costo de producción).
Como atenuante, el Ministerio de Agricultura anunció el 5 de mayo de 2026 un programa para pignorar ocho millones de libras de pollo congelado hasta el 31 de agosto, que contemplaba que las plantas procesadoras de las principales empresas participantes compraran el 30% del excedente de pollos en pie en granja a pequeños y medianos productores, este programa no se inició, provocando la quiebra de decenas de productores.
Solicitaron que el programa de pignoración incluya a los pequeños y medianos productores, con compromisos de compra al costo de producción de la libra del pollo vivo por parte de las empresas beneficiarias (plantas procesadoras).
Que se instale, en el menor tiempo posible, una mesa de trabajo (comisión avícola conformada por la ADA y las asociaciones de pequeños y medianos productores de pollos; Aduanas, la Dirección General de Ganadería y el Consejo Nacional de Producción Pecuaria), con seguimiento público y oficial, para planificar la producción nacional y decidir importar solo cuando sea necesario.
Exhortaron al Presidente Luis Abinader a visitar las granjas y escuchar a las asociaciones de productores a nivel nacional, para acordar medidas inmediatas y una planificación sostenida que preserve los empleos del sector y evite una mayor concentración de la producción en manos de pocas empresas, y así evitar el resurgimiento del oligopolio en este sector vital de carne blanca para la seguridad alimentaria del pueblo dominicano.
“Los pequeños y medianos productores no pedimos privilegios; solo solicitamos que el Gobierno cumpla con su deber, y hasta tanto no lo haga, estaremos en pie de lucha”.
