SANTO DOMINGO.– El partido Fuerza del Pueblo (FP) solicitó este martes a la Cámara de Cuentas una auditoría especial sobre las incorporaciones, los desembolsos y los controles del programa Supérate, así como a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) investigar las actuaciones que pudieran tener relevancia penal, con respeto al debido proceso y sin prejuzgar responsabilidades.
La solicitud fue presentada por el exvicepresidente de la República y miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, Rafael Alburquerque, durante una rueda de prensa celebrada en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, acompañado de Fernando Caamaño, secretario de Seguridad Social de la FP y exsuperintendente de Salud y Riesgos Laborales, y de los vicesecretarios Daniel Fernández, Van Elder Espinal y Fernando Reyes, estos últimos, exdirectores generales de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) y del del Programa Solidaridad, respectivamente.
Alburquerque denunció que, mediante la Resolución Administrativa 003-2022, del 12 de abril de 2022, la Dirección del programa Supérate dispuso unilateralmente incorporar 300 mil hogares al programa Aliméntate y 400 mil beneficiarios al Bonogás, para un total de 700 mil incorporaciones que, según explicó, han generado al erario un costo anual de RD$8,196 millones.
“Y lo que es más grave. Esta Resolución contempla la inclusión de hogares que todavía no habían sido categorizados por el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), disponiendo que su clasificación se realizara con posterioridad a su incorporación”, afirmó el dirigente político.
“¡Pusieron la carreta delante de los bueyes! Primero incorporar, y después evaluar”, expresó Alburquerque, quien cuestionó que se adoptara esa decisión cuando, según explicó, solo el SIUBEN estaba legalmente facultado para identificar y categorizar los hogares pobres del país. “¿Qué autoridad política autorizó estas inclusiones? ¿Cómo es posible que un funcionario viole impunemente la ley? Estas preguntas requieren respuestas documentadas”, agregó.
El exvicepresidente señaló que cuatro años después Supérate reincide en lo que considera una violación de las normas legales, mediante la Resolución 071-2026, del 21 de octubre de este año, sobre el Bono Navideño, que contempla identificar beneficiarios, distribuir tarjetas y elaborar nóminas de depósito, marginando al SIUBEN de las funciones que le corresponden en la identificación y categorización de los hogares pobres.
Alburquerque indicó que entre 2020 y 2025 se anunciaron bonos navideños por más de RD$19,000 millones, según las propias autoridades, mientras que el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 propone otros RD$4,000 millones para ese programa, lo que representa más de RD$23,000 millones entre los bonos anunciados y la nueva asignación presupuestaria.
“¿Quién ha certificado que los destinatarios de esos hogares son pobres? ¿Dónde están las evaluaciones socioeconómicas del SIUBEN?”, preguntó Alburquerque, al insistir en la necesidad de esclarecer los procedimientos utilizados para seleccionar a los beneficiarios de esos recursos públicos.



