La Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó como “profundamente alarmante” el cierre en Nicaragua de 1,500 organizaciones no gubernamentales, en la mayor disolución de entidades sociales ordenada por el gobierno del presidente Daniel Ortega desde las protestas de 2018.
Se trata de una decisión “profundamente alarmante, más aún en un país que ha visto el espacio cívico severamente erosionado en los últimos años y restricciones indebidas a la libertad religiosa”, afirmó la portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell.
“El grave impacto de estas medidas sobre los derechos a la libertad de asociación y expresión, así como sobre la libertad religiosa, hace cada vez más difícil la defensa de los derechos humanos en Nicaragua”, acota.
Ministerio del Interior
Según el Ministerio del Interior, las 1,500 organizaciones sin fines de lucro clausuradas incumplieron sus obligaciones, pues “no reportaron por periodos de entre 01 hasta 35 años sus estados financieros”.
En la lista de entidades cuyos bienes serán confiscados figuran cientos de asociaciones católicas y evangélicas, además de sociedades o fundaciones benéficas, deportivas, de pequeños comerciantes, rurales y de jubilados.
También fueron clausuradas organizaciones indígenas y de excombatientes de la lucha entre el gobierno sandinista y los ‘contras’ en los años 80.
El gobierno de Ortega y de su poderosa esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, endureció las leyes contra las ONG tras las protestas de 2018, que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según informes de las Naciones Unidas.
Fuente: El Nuevo Herald
