Por: Ronald L. Glass
Hay decisiones que un país toma en silencio y luego pasa décadas pagando. Y hay otras, más raras, que toma a la luz del día y que terminan definiendo lo que ese país cree de sí mismo. La República Dominicana vivió una de las segundas hace casi treinta años, y está a punto de descubrir si todavía recuerda la lección.
En 1996, cuando la Suprema Corte llegaba exhausta al final de una época, el hábito era conocido: decidir primero y explicar después. Los nombres se cocinaban en salones cerrados y el ciudadano se enteraba del resultado leyendo el periódico.
Entonces se abrió paso una idea que a muchos les pareció ingenua y a otros peligrosa: que los candidatos comparecieran en público, ante las cámaras, antes de ser escogidos. Que el país pudiera escucharlos. Que pudiera medir no solo cuánto derecho sabían, sino cuánto carácter tenían; no solo sus títulos, sino su temple.
No fue un milagro.
Ninguna audiencia televisada elimina la política, las ambiciones, los padrinos ni el regateo entre élites. La transparencia no fabrica coraje. Pero obliga a que parte del proceso salga del salón cerrado, y en esa claridad el ciudadano aprende a distinguir dos tonos de voz que suenan parecidos y no lo son: el del hombre que habla como servidor de la ley y el del hombre que habla como sobreviviente de una negociación.
Aquella puerta sigue abierta. La pregunta, hoy que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se dispone a escoger a quien presidirá la Suprema Corte de Justicia, es si alguien intentará cerrarla con buenos modales.
Esta semana, en un espacio pagado, 112 juristas y académicos pusieron su firma debajo de un nombre: Fernando Langa Ferreira. Entre ellas figuran las de Milton Ray Guevara, Olivo Rodríguez Huertas, Eduardo Jorge Prats, Julio Cury y Alejandro Moscoso Segarra.
Seamos claros sobre lo que ese documento vale. No decide nada, ni debería. El CNM no cuenta firmas; evalúa personas. Pero tiene una virtud que conviene nombrar: está a plena luz.
Sabemos quiénes hablan, a quién respaldan y qué argumentan. Cada firmante ha puesto delante del país algo que no se recupera con facilidad: su reputación profesional.
Eso es lo contrario de la insinuación. La insinuación no tiene firma ni razones. Viaja de oficina en oficina y, cuando alguien pide el documento que la sostiene, descubre que nunca existió.
En febrero escribí en estas páginas que la integridad sigue siendo el talón de Aquiles del Poder Judicial dominicano, y que la pregunta esencial del CNM no debía ser quién acumula más títulos, sino qué carácter moral puede sostener el vértice del sistema sin doblarse. Dije entonces que el buen juez —y con mayor razón quien preside la Suprema— debe ser un juez ingrato: no debe favores, no responde a padrinos y no devuelve lealtades.
No retiro una coma.
Pero este proceso exige una segunda palabra: gestión.
Quien preside la Suprema no es simplemente el juez sentado en la silla más alta. Es quien gobierna un poder del Estado: presupuesto, personal, disciplina, evaluación, tecnología, planificación, reforma. El país no está escogiendo solamente a alguien que sepa decidir un expediente. Está escogiendo a quien tendrá que hacer que los expedientes se muevan y que la institución cambie sin romperse.
La historia dominicana ya enseñó esto. Cuando Jorge Subero Isa encabezó la Suprema surgida de la gran reforma de los noventa, lo que distinguió aquella época no fue solo la calidad de las sentencias. Fue un liderazgo visible, reformista y administrativamente ambicioso, que demostró que el Poder Judicial podía no solo decidir casos, sino gobernarse a sí mismo.
Y el hemisferio enseñó la lección contraria: las mejores leyes mueren dentro de una administración deficiente. Un código moderno fracasa si los expedientes no aparecen. Un fiscal competente fracasa si nadie gestiona los casos. Un juez honesto pierde eficacia si calendarios, notificaciones, personal y tecnología conspiran contra él.
La organización no es el trabajo doméstico del sistema. La administración es poder. Y quien no lo ejerce no lo pierde: lo cede, en silencio, a quien sí lo quiere.
El Reglamento 1-25 del CNM lo entiende. Entre las condiciones que permite apreciar en los postulantes enumera integridad, honradez, compromiso ético y vocación de servicio; pero también capacidad de dirección, trabajo en equipo, pensamiento crítico y autónomo, habilidad para emprender mejoras y optimización de recursos. La norma no retrata solo a un buen jurista. Retrata a un líder institucional.
Tampoco el marco vigente convierte la presidencia en el premio final de una carrera judicial. Tres cuartas partes de los jueces deben venir de la carrera; la cuarta parte restante, de la abogacía, la academia o el Ministerio Público. Una vez escogida la integración, es el CNM quien decide quién preside.
John Marshall nunca había sido juez cuando asumió la presidencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos; Earl Warren llegó desde la política. La experiencia judicial puede ser valiosa; no es la única escuela de liderazgo judicial.
Por eso la pregunta sobre Fernando Langa no debería reducirse a si ha sido juez. La pregunta es si reúne lo que este momento exige: integridad, independencia, solvencia jurídica y capacidad de conducción.
Su expediente ofrece elementos pertinentes. A cuatro décadas de ejercicio suma una formación gerencial poco común: el Management Program for Lawyers de Yale, estudios avanzados de administración en Barna e IESE y una maestría en Administración de Negocios. Quienes lo respaldan hablan de organización, disciplina, diálogo y sentido institucional. En un presidente de tribunal, ese es un elogio útil.
Nada de eso lo exime del escrutinio. Lo justifica.
Y el escrutinio tiene un nombre que conviene pronunciar antes de que lo pronuncien otros en voz baja: la relación histórica de Langa con personas del entorno familiar del presidente Luis Abinader.
No debe ocultarse. Tampoco debe convertirse en fantasma. La documentación societaria muestra que la firma se constituyó en 1996 como Langa & Abinader, S.A., con Fernando Langa, Rita Abinader de Lulo y Michel Lulo Collado entre sus accionistas originales. Para 2009, Langa y Kim Resek controlaban prácticamente la totalidad de las acciones; las participaciones restantes de Rita Abinader y Michel Lulo fueron transferidas en septiembre de 2019. Luis Abinader asumió la Presidencia en agosto de 2020.
Eso merece conocerse. La pregunta seria es qué prueba.
Una relación profesional o social con familiares de un presidente exige transparencia cuando ese presidente encabeza el órgano que designa. Pero cercanía no es, por sí sola, dependencia, conflicto ni delito. En una sociedad del tamaño de la dominicana, donde las comunidades jurídicas, empresariales, académicas y políticas se cruzan desde la escuela hasta el cementerio, convertir toda relación anterior en impedimento sería reemplazar independencia por aislamiento biográfico.
El examen correcto es otro. ¿Existe un conflicto económico actual? ¿Un favor incompatible con la independencia? ¿Una actuación que demuestre subordinación política? ¿Un hecho verificable que permita concluir que una relación personal ha condicionado su criterio?
Si existe, que se presente. Con nombre, fecha y documento. Yo seré el primero en leerlo.
Si no existe, la asociación no puede sustituir a la prueba.
Nada de esto es un asunto doméstico.
He sostenido antes en estas páginas que la justicia dominicana es una frontera estratégica de la democracia. La calidad de los tribunales decide dónde se invierte y dónde se huye, qué activos se protegen y con quién coopera un fiscal extranjero. El más reciente informe estadounidense sobre clima de inversión reconoce esfuerzos del gobierno dominicano contra la corrupción y señala que los inversionistas todavía perciben decisiones administrativas y judiciales inconsistentes, opacas y excesivamente lentas.
Por eso afuera miran. No porque ningún gobierno extranjero tenga derecho a escoger al presidente de la Suprema dominicana; no lo tiene. Miran porque una sentencia confiable vale más allá de la sala donde se dicta, y una sentencia comprada también.
La República Dominicana ha invertido treinta años en modernizar su justicia. Ha cambiado códigos, fundado escuelas, profesionalizado carreras, digitalizado procesos y abierto al público lo que antes se negociaba en privado. Pero las viejas presiones no desaparecen cuando cambia la arquitectura. Se mudan. Aprenden el nuevo idioma. Y vuelven a entrar por la puerta de servicio.
He explorado esas dinámicas también a través de personajes construidos en mis escritos a partir de décadas de experiencia institucional, y una observación regresa:
la presión más eficaz rara vez llega golpeando la mesa.
Llega sonriendo. Habla de prudencia, estabilidad, consenso, continuidad. Nunca pide nada; solo recomienda. Nunca amenaza; solo advierte, con afecto, sobre lo que “no conviene en este momento”. Y cuando consigue lo que quería, no deja huella, porque nunca estuvo allí.
La corrupción moderna también aprendió buenos modales.
Eso no significa que toda conversación privada sea corrupta. Tampoco tengo evidencia de una campaña clandestina coordinada contra Langa, y no la afirmo; sería hacer exactamente lo que denuncio. Pero sería ingenuo imaginar que una decisión de esta magnitud no moviliza intereses, preferencias y resistencias fuera de la vista pública. Algunas serán legítimas. Otras merecerán escrutinio. El remedio no es sospechar de todos. Es exigir que los argumentos capaces de inclinar una selección pública soporten la luz.
Hay una prueba sencilla. Un argumento que puede decirse en una audiencia televisada es un argumento. Un argumento que solo puede decirse en un pasillo es otra cosa, y todos sabemos cómo se llama.
Los 112 juristas que han respaldado a Langa no han sustituido al CNM. Han hecho algo más modesto: han puesto sus nombres detrás de una posición. Quien discrepe tiene exactamente el mismo derecho y el mismo deber. Pero la insinuación privada no puede pesar más que el argumento público, ni la conveniencia silenciosa más que la evidencia.
Hace treinta años, el gran avance consistió en abrir una puerta para que el ciudadano pudiera mirar hacia dentro. Hoy no basta con transmitir las entrevistas. Hay que asegurarse de que los criterios que decidan el resultado sean los mismos que el CNM pueda defender en público al día siguiente, mirando a la cámara, sin bajar la vista.
La próxima presidencia de la Suprema necesitará conocimiento jurídico, que es lo mínimo. Necesitará carácter para resistir, independencia para incomodar y capacidad administrativa para convertir la virtud de una persona en la virtud de una institución, que es lo único que sobrevive a las personas.
La antigüedad puede ser valiosa. La experiencia judicial puede ser valiosa. La cercanía con alguien poderoso puede ser relevante y debe examinarse con rigor. Ninguna de esas circunstancias, por sí sola, responde la pregunta.
La pregunta histórica es otra: ¿quién puede conducir el Poder Judicial que la República Dominicana necesita ahora?
El CNM debe contestarla a plena luz, y en el orden que el país aprendió en 1996 y nunca debió olvidar: explicar primero, decidir después.
La luz abrió el proceso. La integridad debe protegerlo. Y la capacidad de gobernar debe orientar la decisión. Lo demás es ruido de pasillo, y el país ya sabe cómo suena.
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Sobre el autor:
Ronald L. Glass trabajó en la República Dominicana en programas de Estado de derecho y reforma de justicia vinculados a USAID entre 1996 y 2002, y regresó entre 2015 y 2018 como director de un proyecto de fortalecimiento del sistema de justicia penal financiado por USAID. Las opiniones expresadas son exclusivamente personales y no representan al Gobierno de los Estados Unidos.
