Los agentes fiscales Jorge Arce, Silvio Corbetta, Yeimy Adle y Francisco Cabrera formularon imputación contra 27 personas vinculadas a Ueno Bank S. A. y a distintas empresas relacionadas con la entidad, por la presunta comisión de los hechos punibles de conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio. Asimismo, solicitaron la aplicación de medidas cautelares personales y patrimoniales.
La investigación se centra en operaciones financieras realizadas entre 2025 y 2026, que habrían comprometido los activos de la entidad bancaria mediante el otorgamiento de préstamos y sobregiros a empresas vinculadas, en condiciones que presuntamente no se ajustaban a los parámetros habituales de evaluación y administración del riesgo crediticio.
Según el acta de imputación, las operaciones investigadas incluyen créditos de montos elevados en relación con la capacidad económica de las empresas beneficiarias, plazos extensos, ausencia de garantías suficientes y deficiencias en la documentación utilizada para justificar su aprobación.
La representación fiscal también identificó indicios de que parte de los fondos desembolsados habría sido transferida a otras sociedades del mismo grupo económico, en lugar de destinarse principalmente a los proyectos y actividades declarados al momento de solicitar los financiamientos.
Asimismo, se investigan operaciones de cancelación de obligaciones mediante recursos provenientes de otras empresas vinculadas y la transferencia de una cartera crediticia por aproximadamente USD 74,4 millones a una sociedad que, según la hipótesis fiscal, habría utilizado fondos originados indirectamente en la propia entidad bancaria.
De acuerdo con los antecedentes remitidos por el Banco Central del Paraguay, el análisis de las operaciones permitió identificar debilidades significativas en la gestión del riesgo de crédito y deficiencias en la evaluación de la capacidad de pago de determinados deudores.
La investigación señala que los saldos pendientes de las operaciones examinadas ascienden a USD 166.984.879,33 y G. 343.157.246.557, montos cuya recuperación podría encontrarse comprometida, conforme a la hipótesis expuesta en el requerimiento fiscal.
En cuanto a las medidas cautelares, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para un exvicepresidente de la entidad bancaria, al considerar la existencia de riesgos procesales de fuga y obstrucción de la investigación.
Para otros siete imputados, vinculados al directorio y a la sindicatura del banco, requirió arresto domiciliario con monitoreo electrónico, prohibición de salida del país y caución. Respecto de los restantes 19 imputados, solicitó prohibición de salida del país y caución personal o real.
Igualmente, la representación fiscal requirió la inhibición general de vender y gravar bienes, así como la inmovilización preventiva de cuentas bancarias de los 27 imputados y de siete sociedades mencionadas en el requerimiento.
La causa se encuentra en etapa investigativa y las medidas cautelares solicitadas están sujetas a la resolución del juzgado competente.
FUENTE: Ministerio Público de Paraguay
