El exprocurador Jean Alain Rodríguez ha centrado su defensa en desligarse de todas las irregularidades administrativas detectadas en el proyecto de humanización del sistema penitenciario, y atribuírselas a otros exfuncionarios del órgano acusador, incluidos los miembros del Comité de Compras y a Rafael Stefano Canó Sacco, este último quien pactó un acuerdo con el Ministerio Público hasta ahora desconocido.
Sobre la supuesta constitución o adquisición de compañías que habría hecho Jean Alain para licitar “única y exclusivamente en la Procuraduría General”, la defensa afirmó que el exfuncionario y principal imputado en el caso Medusa “no figura ni en los registros mercantiles ni en los documentos societarios de esas empresas.
Agregó que además no se presentan impedimentos a contratar con la PGR, al margen de que Jean Alain no participa en los procesos de compras y contrataciones porque para eso hay un Comité establecido por ley.
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Asimismo, rechazó que el Comité de Compras y contrataciones fuera conformado por el exprocurador como afirma la Procuraduría Anticorrupción (PEPCA), aunque si la defensa admitió que Jean Alain designó al presidente de la mismas.
“Vale la pena resaltar, que salvo el presidente y responsable del comité de compras, el señor Víctor Manuel Lora Imbert, persona designada por el exprocurador para que de forma libre e independiente presida, coordine y fuere el responsable de todas las actuaciones de dicho comité, los demás miembros pertenecían al mismo conforme a cargos o posiciones que ocupan de acuerdo con el reglamento 543 del 2012”, subrayó la defensa.
Dijo que ese comité de compras “realizó más de 4,000 procesos” en cuatro años de gestión de Jean Alain.
“Pero como dijimos, la ley es que designa a los miembros, y en caso de que estos funcionarios hayan hecho caso omiso, cabe destacar que es un desacato a las norma, siempre y cuando, y teniendo pendiente que la actuación, así como los delitos penales, son personales, la actuación de un tercero no se le puede endilgar a otra persona”.
En cuanto a Canó Saco, dijo que este junto a Jonathan Rodríguez gestionaron la contratación de un consultor internacional para que evaluara el área del el Inacif y ofreciera algunas recomendaciones “distintas a las del Inacif” en cuanto al correcto equipamiento del laboratorio de ADN.
