Por: Luis García
La República Dominicana sigue consolidándose como una de las sociedades latinoamericanas en que la anomia social va ganando más terreno, sin que se haga valer el mandato constitucional de cumplimiento obligatorio de las normas existentes para garantizar la convivencia pacífica.
Lo cierto es que se han vuelto rutina las violaciones a la Constitución de la República y a numerosas normas; y lo peor está en que parece no importar ni las autoridades ni a los beneficiarios de esa situación que deja mal parado a nuestro Estado social y democrático de derecho.
Un ejemplo para graficar lo anterior se puede ver en el hecho de que miles de servidores públicos aún esperan que se materialice el traspaso de sus fondos al Ministerio de Hacienda para acceder a sus bien ganadas pensiones por los años de servicios al Estado. El proceso está prácticamente frenado; sólo algunos han recibido los certificados de traspaso de los fondos.
Lo más preocupante radica en que, conforme se evidencia, el freno lo tiene una entidad contratada como outsourcing del Sistema Dominicano de la Seguridad Social. Se trata de la Empresa Procesadora de la Base de Datos (EPBD/UNIPAGO), que tiene como misión: “Ejecutar el procesamiento y flujo de la información entre los participantes del SDSS con la más alta confiabilidad, eficiencia, oportunidad y seguridad, mediante la integración de alta tecnología y elevados niveles de servicio, sustentados en un equipo de recursos humanos altamente calificado y comprometido, satisfaciendo a la vez las expectativas de todos nuestros relacionados”.
Hablamos de una sociedad privada que opera contratada por el Patronato de Recaudo e Informática de la Seguridad Social, mediante concesión del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) y por cuenta de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) para de administrar el Sistema Único de Información y Recaudo, para realizar el procesamiento de las informaciones sobre afiliación, recaudación, clasificación y distribución de pagos.
La referida función debe corresponder a la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) que, en su rol de ente estatal autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, vele por el cumplimiento de la Ley 87-01, sobre Seguridad Social. Desafortunadamente, esto no ocurre y, por el contrario, sus actuaciones van más en defensa de los intereses de la Asociación Dominicana de Fondos de Pensiones (ADAFP).
Mención aparte merece la Dirección General y Defensa de los Afiliados de la Seguridad Social (DIDA), que juega un papel de vergüenza expresado en un silencio cómplice respecto a los servidores públicos con derechos adquiridos relativos a pensiones en el Sistema de Reparto Estatal.
Hasta por una cuestión ética, las entidades responsables, particularmente la SIPEN, deben motorizar el proceso de separar los aportes mixtos (público/privado), disponibles en las cuentas de capitalización individual de los afiliados que desean traspasar sus fondos al Ministerio de Hacienda.
Aceptemos la necesidad de contratación de UNIPAGO, en rol de apoyo logístico; pero lo que resulta inaceptable está en que se haya convertido en un freno.
El silencio preocupa a los afiliados que desde el año pasado sus solicitudes de traspasos fueron aprobadas por la Comisión Interinstitucional Evaluadora, y luego de más de seis meses no saben qué ha pasado con la segregación de sus aportes mixtos.
En la Resolución núm. 479-24 de la Superintendencia de Pensiones, sobre procesos operativos para las administradoras de fondos de pensiones, fondos y planes sustitutivos, se establecen plazos específicos en los que hay que realizar los traspasos al Sistema de Reparto, así como segregar los casos de los afiliados con aportes mixtos.
¡¡¡Hasta la paciencia tiene límites!!!
