Santo Domingo, 12 ene (EFE).- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó prisión preventiva contra varios de los imputados en la operación Nido de estafa inmobiliaria, entre ellos Emmanuel Rivera Ledesma, a quien impuso esta medida de coerción durante 18 meses, informó este viernes el Ministerio Público.
En un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) indicó que, además de los 18 meses para Rivera Ledesma, el juez dispuso prisión preventiva contra Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma y Juan Omar Rosario López.
Asimismo, ordenó arresto domiciliario e impedimento de salida para Reilin Arismendy Rosario García, mientras que a María Gabriela Rivera Pichardo y Escarlet Mercedes Cruz Figueroa les impuso la presentación de una garantía económica de 5 millones de pesos a través de una compañía aseguradora, uso de localizador electrónico (grillete) e impedimento de salida del país.
Para el juez, añade la nota de la PGR, Juan Omar Rosario López, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo y Emmanuel Rivera tuvieron participación de primer orden en los hechos investigados por el Ministerio Público, «son pruebas demoledoras, lícitas, que están interconectadas con el accionar delictivo de los imputados para ocasionar el perjuicio a las víctimas».
El 3 de enero la Fiscalía puso en marcha la operación Nido, gracias a la cual se desmanteló una red que estafó con más de 700 millones de pesos a personas a las que ofertaba viviendas de supuestos proyectos inmobiliarios.
Conforme a la investigación del Ministerio Público, la red criminal utilizó los vehículos societarios Indisarq, SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, el Grupo Wimar, SRL y Auto Xperts AFM SRL a través de los que crearon un esquema inmobiliario fraudulento para llevar a cabo estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas, a las que ofertaron viviendas de siete proyectos.
Durante el operativo, se realizaron 25 allanamientos en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional y se ocuparon evidencias según las cuales Emmanuel Rivera Ledesma, el principal imputado, utilizaba nombres de personas conocidas para hacer creer a las víctimas que estaba protegido por personalidades a quienes realmente no conoce.
También se recabaron pruebas del ostentoso nivel de vida que llevaban varios miembros de la red gracias al dinero obtenido con la estafa.
Ante la investigación, Emmanuel Rivera Ledesma inició maniobras para que las víctimas no se querellaran contra él o retiraran las denuncias ya presentadas y buscó que los afectados le firmaran nuevos contratos y llevaran a cabo otras acciones a fin de obstruir las pesquisas.
La procuradura Sourelly Jáquez, Magali Sánchez dijo a la prensa que hasta el momento 199 víctimas han presentado querellas e indicó que «hay aproximadamente cinco vendedores más de los proyectos que están en proceso de interrogatorios».